Cada día tomamos decisiones en cuando a la gestión de la empresa o negocio, lo cual implica siempre un riesgo para la empresa

Alguna de estas decisiones puede poner en peligro la empresa o provocar daños a terceros, o suponer un riesgo personal para el empresario, administrador de la empresa.

Para medir ese riesgo y aportar soluciones se pueden controlar ese riesgo en el cumplimiento de las normas legales estudiando las debilidades del negocio y tomando las medidas de control necesarias para minimizarlo.

La reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010, la novedad más significativa es poder exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos cometidos por sus administradores, responsables legales, empleados o dependientes cuando éstos los cometen en representación y provecho de la sociedad. La imputación penal, no excluye la eventual imputación de sus administradores, responsables legales, empleados o dependientes de manera que podría imponerse condena a ambas por unos mismos hechos delictivos.

Para evitar o prevenir el riesgo de la responsabilidad penal de las empresas, es necesario acreditar que los gestores y administradores han ejercido el “debido control” sobre los colaboradores sometidos a su autoridad.

La solución está en la creación y establecimiento de programas de prevención de delitos, con el objetivo de prevenir detectar y corregir los delitos que eventualmente se den en la empresa.

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